Se busca darle una inyección millonaria de dinero al cine peruano y modificar aspectos fundamentales
Febrero 2009. “La teta asustada” de Claudia Llosa gana el Oso de Oro en la Berlinale. Ese hecho propició la presentación de dos proyectos de ley en el Congreso de la República: uno presentado en marzo del mismo año por el congresista aprista Jhony Peralta y otro en junio por el congresista fujimorista Carlos Raffo, con el apoyo de otras tres bancadas.
El objetivo de estas leyes eran complementar la existente, promulgada en 1994, la cual crea un sistema de concursos cuyos premios debían asignarse al presupuesto anual. Empero, el Estado nunca asignó el total de los montos estipulados al Ministerio de Educación, por lo que los concursos se hacían siempre con retraso.
El medio local del cine se dividió: un gremio, la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), y las once principales empresas de exhibición y distribución de filmes en el Perú apoyaban el proyecto del congresista Raffo, mientras que la Unión de Cineastas Peruanos (UCP) se fundaba para rechazarla y apoyar, a su vez, a la denominada Ley Peralta. El 30 de octubre, en un foro en el Congreso, se hizo pública esta división y no se llegó a ningún consenso. Las cosas volvían a fojas cero, y la legislatura terminaba.
Sin embargo, en febrero de este año, Peralta y Raffo llegan a un acuerdo y presentan un proyecto común: básicamente el que originalmente presentó Raffo, pero con algunos añadidos. El proyecto se presentó a fines de marzo. Empero, a principios del mismo mes, comenzando la nueva legislatura, el presidente de la comisión de Educación y Cultura, Werner Cabrera, rescató el proyecto original de Peralta y lo hizo suyo.
Hoy nos encontramos, entonces, ante un panorama dividido: el nuevo proyecto Raffo-Peralta (que mantiene la base política del original y apoyado por la APCP, exhibidores y distribuidores); y el de Cabrera, impulsado por la UCP y los congresistas de la bancada nacionalista. Las pugnas de cariz ideológico continúan entre ambos bandos, mientras el cine peruano espera. Ahora se trata de no focalizarse en los adjetivos, sino en ver qué formas legales y qué porcentajes se pueden negociar para alcanzar un consenso. Ahora ahondemos en estas dos propuestas.
LEY DE DOS CABEZAS
El meollo de la discusión recae en dos puntos centrales: la exoneración del impuesto municipal del 10% a los espectáculos públicos no deportivos (IEPND) aplicado al boleto de cine y, posteriormente, sobre esta base, la creación de una forma de recaudación que alimente de manera confiable las arcas del Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine). Este dinero buscará darle una inyección de dinero a la producción, promoción, distribución y exhibición de películas peruanas, además de ayudar a la capacitación de futuros profesionales del cine en nuestro país. Actualmente el Perú produce solo seis películas anuales.
En el primer punto no hay discordancia entre los proyectos de ley. El problema aparece en la segunda materia de discusión. El proyecto Raffo dicta que una vez eliminado el impuesto se cree un convenio en el que los distribuidores y exhibidores se comprometen de manera voluntaria y temporal a dar un 3,33% de sus ingresos de taquilla a Conacine. El restante iría a una supuesta rebaja de los precios de las entradas al cine y en una inversión para la creación de multicines en distintas regiones del país. Sin embargo, la expresión “voluntario y temporal” ha encrespado los ánimos debido a la no obligatoriedad ni la perpetuidad del aporte que bordearía los S/.8’000.000.
Al no poder plantear en sus proyectos un impuesto con un fin predeterminado para el cine peruano (esto atenta contra el artículo 79 de la Constitución a menos de que nazca de una iniciativa del Poder Ejecutivo), la Ley Cabrera plantea crear una contribución para fiscal: una forma de recaudación que esquiva a la fiscalización del Estado y que se aplica en la ley de cine colombiana.
FUEGO CRUZADO
Los puntos de vista sobre las formas de recaudación planteadas por ambos proyectos están enfrentados. Christian Wiener, presidente de la UCP, afirma que esta forma de recaudación se aplica en instituciones como Senati y Sencico y que es totalmente legal. “No estamos de acuerdo con que el aporte no sea obligatorio ni indefinido. Una ley debe contemplar obligaciones, no convenios que son de naturaleza privada”, señala.
Por su parte, el presidente de la APCP, el cineasta Augusto Tamayo, señala que esta no es la mejor solución, pero que sin duda se harán modificaciones al convenio planteado por la Ley Raffo. “Nosotros les hemos dicho a los congresistas que para mantener nuestro apoyo debían eliminar la figura de temporal y voluntario. Si no, nos vamos a retirar. Nadie quiere un impuesto para un área específica. Los congresistas no quieren meterse en ese pleito. Por eso, ese proyecto es inviable”, sostiene Tamayo. Consultado sobre esto, el congresista Carlos Raffo señaló que se hará una modificación en el tiempo del convenio planteado por su proyecto de ley a un horizonte de cinco años.
Los exhibidores y distribuidores, en tanto, están abiertos a escuchar nuevas propuestas y vías legales, sea este un convenio o una contribución para fiscal. “Si logramos hallar alguna figura legal viable y que le brinde los recursos a Conacine, de manera obligatoria y no temporal, por nuestro lado no hay problema. La idea es sacar lo más adelante posible este proyecto”, declaró Brian Pritchett, gerente general de UIP en el Perú y Bolivia.
Otra de las rencillas proviene del aspecto de derechos laborales que afecta a más de 3.500 trabajadores en cine y televisión. Ambos proyectos de ley piden adecuar estos a las normas que regulan la prestación de servicios temporales en el Perú.
Sin embargo, la Ley Cabrera exige horarios fijos, jubilación, entre otros beneficios sociales que resultan inconcebibles para la APCP debido al carácter temporal de una filmación (con un tiempo promedio de cinco semanas en el caso de un largometraje).
Entre los aspectos contemplados por ambos proyectos en los que sí parece haber consenso destaca la implementación de la cinemateca nacional, además de la creación de un porcentaje destinado al financiamiento de proyectos cinematográficos en distintas regiones del país. Empero, la forma de financiar ambas propuestas es poco clara en ambos proyectos.
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